Por decreto, el gobierno pone fin a los convenios con universidades públicas

| Edición N° 5134

Buenos Aires, Argentina

11-07-2018 |


Por decreto, el gobierno pone fin a los convenios con universidades públicas

Se trata del Decreto 632/2018 que se publicó en el Boletín Oficial y que lleva las firmas del presidente de la Nación Mauricio Macri, del ministro de Hacienda y Finanzas Nicolás Dujovne, del jefe de Gabinete Marcos Peña y del ministro de Modernización Andrés Ibarra.


El recorte afectará prácticamente todas las áreas ya que se congelarán las vacantes y la posibilidad de contratar nuevo personal docente, además no se brindará mas ningún tipo de asistencia técnica a universidades nacionales y provinciales. Esta norma estará vigente hasta que Macri termine su mandato.

También se reducirán bonificaciones y premios, gastos de movilidad, viajes al exterior, uso de vehículos oficiales e incluso gastos alimentarios.

La idea es "ahorrar" 25 mil millones de pesos y forma parte de un paquete de medidas económicas de ajuste que el gobierno pactó con el FMI. Para fundamentar ésta decisión argumentan lo mismo de siempre, la de pretender "transparentar" contratos firmados por la gestión anterior.

El sector público que no estará incluido en éstas medidas son: la (AFI) Agencia Federal de Inteligencia, la (AFIP) Administración Federal de Ingresos Públicos, el Servicio Penitenciario Federal y las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

Estos contratos que fueron anulados y que se venían renovando anualmente compromete a 7 mil trabajadores del estado. El 90% del presupuesto de las universidades son los salarios docentes, aunque también se verán afectadas en su funcionamiento las becas estudiantiles y los programas especiales.
Varias universidades públicas del conurbano bonaerense como la (UNAJ) Universidad Nacional Arturo Jauretche ubicada en Florencio Varela y la (UTN) la Universidad Tecnológica Nacional vienen avisando del vaciamiento financiero y denuncian que el gobierno viene subejecutando el presupuesto. También denuncian que el estado le debe 4 mil millones a todo el sistema universitario. Su rector, Ernesto Villanueva declaró: "el presupuesto es estructuralmente insuficiente y no muestra correlación con la cantidad de alumnos de la institución que supera los 20 mil". La institución ante la falta de pago de sueldos y la escasez de fondos se declaró en crisis y en "sesión permanente".

Otros docentes como los de la (UNDAV) Universidad Nacional de Avellaneda, afirman que los ajustes provocan precarización laboral ya que a los docentes se les duplica la carga horaria por los mismos sueldos. Además de no poder cubrir las cátedras de materias nuevas que se fueron agregando.

Por su parte la (UNCo) Universidad Nacional del Comahue de la provincia de Neuquén, viene reclamándole al gobierno la discusión paritaria y que sólo se les otorgó un 5% de aumento en el mes de febrero. Actualmente no están cobrando sus salarias. Entre sueldos atrasados y presupuesto no otorgado, denuncian que el estado le debe 65 millones de pesos, al punto que el vaciamiento sistemático en el que se encuentran va a provocar que el mes que viene no puedan afrontar el pago de los servicios energéticos. Todo esto compromete el inicio de clases después del receso invernal.

La CIN que es el espacio que nuclea a los rectores de las universidades nacionales a través de su titular, Jaime Perczyk quien destacó: "hay una subejecucion de casi 4 mil millones de pesos en todo el sistema universitario, la devaluación produjo un recorte brutal en el presupuesto educativo, ya que cuando éste se aprobó representaba 5 mil millones de dólares".

La (CONADU) la Federación Nacional de Docentes Universitarios se reunió durante cuatro días en un Congreso Extraordinario y definió a través de un plebiscito donde acordaron un plan de lucha que incluye la posibilidad de que no se inicien las clases en el próximo cuatrimestre. Además denunciaron la paralización de todas las obras de infraestructura programadas.

En el marco del plebiscito la CONADU exigió un aumento salarial del 25% en la línea con lo acordado por Hugo Moyano para el gremio de camioneros, una cláusula gatillo para articular el sueldo con la inflación, mayor presupuesto para las universidades y para la ciencia y la tecnología.

La respuesta del gobierno nacional se hizo oír a través del decreto publicado en el día de la fecha.