Ante ello el CALP consideró "necesario reafirmar la necesidad de que las facultades disciplinarias en los ordenamientos procesales deben encontrarse reducidas al mínimo alcance, imprescindible para garantizar el funcionamiento del servicio."
Asimismo la entidad recordó que "El ejercicio pleno de la potestad disciplinaria es inherente al gobierno de la matrícula que ejercen los Colegios de Abogados, porque la misma se constituye en una garantía esencial para la vigencia cabal del derecho de defensa y de la independencia propia del ejercicio profesional. "
Respecto a las conductas dilatorias en los procesos judiciales resultan que contrarían las normas disciplinarias y éticas que rigen a la abogacía, "corresponde renovar nuestro compromiso en pos de erradicar tales comportamientos", no sin antes advertir que "debiendo una eventual reformulación de objetivos e instrumentos verse precedida por el democrático debate entre todos los sectores involucrados."
