La divulgación de dicho informe no solo representa una tremenda vulneración de los derechos de las personas allí mencionadas, sino que las expone a tratos discriminatorios e incluso violentos. Esta exposición además, es claramente responsabilidad de las autoridades cuya principal función en este contexto es cuidar integralmente a los/as ciudadanas de Olavarría. Y si bien celebramos la voluntad del intendente Galli de investigar lo sucedido, esperamos que se tomen todas las medidas necesarias para evitar nuevas filtraciones a la vez que se articulen todas las pertinentes a fin de garantizar a las personas que figuran en el listado todos los derechos que las asisten, tanto respecto de la atención de su salud psicofísica, como la protección de su integridad.
A su vez, nos ponemos a disposición de las autoridades para trabajar en conjunto en pos de subsanar las ideas que puedan haberse formado en parte de la sociedad a partir de la divulgación de esta información desde las fuentes oficiales.
Por otra parte, desde el INADI presentamos y promovimos la campaña Barrios sin Discriminación que apunta a evitar las noticias falsas, la difusión de información personal de toda índole pero sobre todo de posibles contagios, recurrir a fuentes confiables de información y erradicar las prácticas discriminatorias, entendiendo que las mismas incrementan el pánico social y hasta pueden conducir a algunas personas a esconder síntomas y evitar la consulta médica por miedo a sufrir hostigamiento por parte de sus vecinos y vecinas.
