Las querellas intervinientes estuvieron de acuerdo en los planteos acerca de la modalidad de declaración de las y los testigos, en este sentido coincidieron en que se realicen en modalidad virtual con la aclaración de que esta manera debe ser la excepción y no la regla.
La querella de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires solicitó además que se le de prioridad a quienes de todos modos testificarían de manera remota por vivir en otras jurisdicciones o fuera del país. La intención es retomar las declaraciones testimoniales presenciales en cuanto la situación sanitaria lo permita.
El tribunal resolvió que la primera audiencia se realizará el 7 de septiembre dándole lectura a los requerimientos, en las siguientes se tomarán las indagatorias a los cinco imputados y luego declararán las víctimas.
A su vez, los querellantes particulares integrada por el Secretario de Derechos Humanos de Avellaneda Claudio Yacoy y Myriam Elizabeth Espiñoza solicitaron al tribunal que se den de baja las prisiones domiciliarias, porque consideraron que las amenazas sufridas por el testigo Carlos Iaccarino están relacionadas con los procesos que se están llevando adelante. Los abogados hicieron las denuncias correspondientes y el tribunal solicitó que les sean remitidas.
El Equipo de Acompañamiento de la Subsecretaria de Derechos Humanos de la Provincia estuvo presente en la audiencia y asistirá a las y los testigos durante todo el desarrollo del juicio. También participaron los equipos del Codesedh, del Programa Verdad y Justicia de la Secretaría de DDHH de la Nación.
En cuanto a la difusión del juicio el tribunal tendrá en cuenta la posibilidad de utilizar un canal de YouTube para que quienes estén interesados puedan seguir las audiencias en vivo.
Los hechos que se juzgan
En este juicio oral y público se investigará la responsabilidad de cuatro policías de la Provincia de Buenos Aires y un civil por los delitos de privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos, hechos incluidos dentro de la categoría de crímenes de lesa humanidad, cometidos en cometidos en el ex CCDyT “El Infierno de Avellaneda”.
En los Juicios por la Verdad y en la etapa de instrucción de la causa los testimonios de las victimas que permanecieron secuestradas en la Brigada de Investigaciones de Lanús describieron las inhumanas condiciones a las que fueron sometidas durante su cautiverio.
El infierno
La Brigada de Investigaciones de Lanús funcionó en Calle 12 de octubre N 234 entre Zeballos y Estrada, de la localidad de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires. En el esquema represifo funcionó como un lugar de obtención de información y Deposito ilegal de prisioneros y prisioneras, como lugar de transito y de desaparición y exterminio. Perteneció a la Zona Militar 1 con sede en el Primer Cuerpo del Ejercito dirigido por Suárez Mason, Sub zona 11 con sede en la Brigada de Infantería Mecanizada X de La Plata (Circuito Camps). Área 111.
Desde el año 2016 funciona como un Espacio para la Memoria.
La causa caratulada “Ferreyro, Miguel Ángel – Trevisan, Bruno – Ferranti, Jorge Rómulo S/ Privación Ilegal de la Libertad (Art. 142 Inc. 1 C.P.)” fue elevada a juicio en mayo de 2017. El TOF 1 Juzgará los delitos de Privación ilegal de la libertad y tormentos.
Tiene 5 Imputados 4 Policías de la Provincia de Buenos Aires y un civil, y entre las 62 víctimas hay 15 desaparecidxs y 3 asesinadxs. Además de la Subsecretaría serán querellantes la Secretaría de Derechos Humanos de Nación; Abuelas de Plaza de Mayo; la Unión de Derechos Humanos de La Plata y Liga Argentina por los Derechos del Hombre ; la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Plata; los querellantes Myriam Elizabeth Espinoza y Claudio Gustavo Yacoy, y la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos.
