La querella de la Provincia en la causa Malvinas recurrirá a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para revertir el fallo de la Sala I que con las firmas de los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña -la jueza Ana María Figueroa votó en disidencia- hizo lugar al recurso presentado por la defensa del militar Jorge Ferrante y anuló el fallo de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia que había declarado crímenes de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles, a las torturas cometidas en las Islas y había confirmado el llamado a indagatoria del imputado.
El recurso ante la Corte se presentará haciendo especial hincapié en el deber inexcusable que recae en el Estado argentino de investigar y juzgar los crímenes contra la humanidad conforme los compromisos internacionales asumidos en materia de derechos humanos, y garantizar una adecuada reparación a cada una de las víctimas, las que 39 años después de los hechos, continúan reclamando justicia.
Por otra parte, resulta evidente que la investigación y juzgamiento sobre las torturas en Malvinas no puede agotarse en un fallo que no resuelve sobre la cuestión de fondo, que es arbitrario y que no contempla el imperio constitucional, convencional y el derecho internacional de los derechos humanos.
Hasta hoy, ni la Casación ni la Corte Suprema se han expedido sobre la cuestión de fondo. El máximo Tribunal tampoco lo hizo sobre la prescripción o no de los delitos imputados.
Por el contrario, días atrás la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia confirmó los procesamientos de tres imputados en la causa ratificando que se trataba de delitos de lesa humanidad y el Juzgado Federal de Rio Grande citó a prestar declaración indagatoria a otros 10 ex militares acusados de cometer actos de torturas contra soldados de su propia tropa. Es importante remarcar que el fallo de Casación que se impugnará, no se encuentra firme y por lo tanto deberá efectivizarse la toma de las declaraciones indagatorias ya fijadas y continuarse la investigación en curso.
La Subsecretaría, a través de la Dirección Provincial de Políticas Reparatorias y su Dirección de Querellas en Crímenes de Lesa Humanidad, es querellante institucional en la causa, que también tiene como querellantes al Centro de Ex Combatientes de las Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, y la Comisión Provincial por la Memoria.
El fallo de la Sala I de Casación anuló el fallo de 2018 de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia que consideraba de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles las torturas en Malvinas, a partir de un recurso presentado un año después por la defensa de Ferrante, quién está acusado de haber estaqueado por más de 12 horas al soldado Julio César Más durante la Guerra de Malvinas.
En ese fallo, la Cámara había confirmado el llamado a indagatoria de 26 militares, entre ellos Ferrante cuya defensa recurrió a Casación Federal.
Los 95 militares imputados están acusados por 210 hechos cometidos durante la Guerra de Malvinas. En 2019 la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, comenzó a realizar las indagatorias y los procesamientos. El fallo de Casación se produjo a días de que se anunciara una nueva ronda de indagatorias: el martes 27 de abril pasado la jueza Borruto llamó a declaración indagatoria a 10 militares acusados y había fijado audiencias para los meses de junio y julio.
