A criterio de esta Subsecretaría la decisión de la Corte Suprema que benefició a los condenados Emilio y Julio Méndez, partícipes del secuestro y asesinato en abril de 1977 del abogado de los trabajadores de la cementera Loma Negra, dificulta el avance de la causa al volver a demorar la confirmación de las condenas paradigmáticas que habían sido dictadas hace más de 8 años.
A pesar de las malinterpretaciones sesgadas realizadas a fin de año pasado por algunos medios de comunicación, en esa resolución la Corte Suprema no anuló las condenas, sino que exhortó a la Cámara de Casación a que resuelva otra vez el recurso de las defensas reparando en supuestos déficits de fundamentación. De hecho, las condenas a prisión perpetua para los militares Julio Alberto Tomassi, Roque Ítalo Papalardo y José Luis Ojeda, fueron ratificadas. Por lo demás, los hermanos Méndez siguen detenidos en prisión preventiva por estar involucrados en otros secuestros que forman parte de la causa conocida como “La Huerta”, ya elevada a juicio oral.
Es por eso que la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires considera que el fallo de la CSJN que pidió revisar estas condenas -demorando la confirmación de las dictadas por el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata 8 años atrás-, continúa la línea ideológica de otras resoluciones donde los imputados son actores económicos (empresariales y técnicos) que contribuyeron y/o buscaron beneficiarse durante el período de la dictadura cívico-militar, aportando apoyo económico, técnico, político, logístico o de otra naturaleza, como ha quedado demostrado de manera categórica en el caso de los hermanos Méndez, sin el cual no les hubiera sido posible llevar a cabo el plan sistemático de secuestro y desaparición de personas.
Tan evidente resulta la participación de los hermanos Méndez en el secuestro de Moreno, que las fundamentaciones supuestamente vinculadas con el respeto de las garantías procesales esgrimidas a través del voto del presidente de la Corte, adquieren otra significación que parece imponer un límite: el juzgamiento a civiles y a actores económicos.
En el Día del Abogado Víctima del Terrorismo de Estado que se recuerda este martes, ratificamos nuestro compromiso con el avance del proceso de “Memoria, Verdad y Justicia” y reivindicamos la lucha de todos y todas los y las abogados y abogadas que durante el período más nefasto de nuestra historia reciente, lucharon y velaron por los derechos de los oprimidos, poniendo en riesgo su propia vida.
Entendiendo que el juzgamiento a los responsables del terrorismo de Estado constituye una política pública inalienable, redoblaremos los esfuerzos para superar la persistencia de obstáculos que dificultan su avance.
La Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, que es querellante en la causa, participará mañana en la audiencia que realizará la Sala IV de Casación Penal a las 11 horas y que podrá presenciarse en el siguiente enlace: https://youtu.be/8bWedz9HT4I
