Lissalde también denunció haber sido víctima de extorsiones económicas relacionadas con su hija, fruto de una relación que, según él, terminó hace décadas. Atribuyó la denuncia a un adversario político local y aseguró que demostrará esta vinculación en sede judicial. Además, afirmó que la maniobra cuenta con financiamiento proveniente de recursos del Estado.
En cuanto al pedido de desafuero realizado por la Fiscalía, Lissalde expresó su confianza en que el juez analizará debidamente las pruebas y no hará lugar a la solicitud. Sin embargo, en caso de que el pedido prospere, el diputado anunció su decisión de renunciar voluntariamente a sus fueros y solicitar formalmente a la Honorable Cámara de Diputados que proceda a su eliminación hasta tanto se resuelva la cuestión judicial.
Lissalde concluyó su declaración reafirmando su absoluta inocencia y prometió demostrar tanto su inocencia como la extorsión y la bajeza política de quienes buscan descalificarlo mediante este tipo de operaciones.
El caso ha generado un intenso debate en la opinión pública, con sectores que defienden la presunción de inocencia del legislador y otros que exigen una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos. Se espera que la Justicia avance en la causa y determine la veracidad de las acusaciones.