La acción tramita ante la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja (Valencia). Según consta en la resolución judicial, la solicitud fue presentada el 6 de octubre de 2025 por la procuradora Laura Argentina Gómez Molina, en representación de Obiang. Inicialmente, el acto había sido fijado para el 26 de enero de 2026, pero fue pospuesto para el 18 de febrero.
La escena remite inevitablemente a la vieja metáfora de David contra Goliat. De un lado, Orlando, un simple carpintero que decidió alzar la voz por la causa de su pueblo sumido en siglos de autoritarismo, pobreza estructural y miedo institucionalizado, armado apenas con convicción y coraje. Del otro, Obiang, el dictador más longevo del mundo, sostenido por un aparato estatal que durante décadas ha concentrado poder y recursos en su entorno familiar.
Las múltiples investigaciones y causas por corrupción abiertas en distintos países no hacen más que reforzar esa imagen de desproporción. Justamente en España, donde tramita la querella, un informe de la Comisaría General de Información de la Policía señaló la existencia de un “fondo especial” destinado a secuestros y persecución de opositores en Europa, además de advertir sobre fuertes indicios de blanqueo y corrupción vinculados a movimientos de dinero del círculo íntimo del régimen. En ese escenario, la lucha deja de ser solo política y adquiere una dimensión casi épica: la de un ciudadano común enfrentado a una estructura de poder gigantesca que trasciende fronteras.
En su escrito, el dictador ecuatoguineano solicita que Cartagena Lagar:
– Se retracte públicamente de las declaraciones realizadas en entrevistas y redes sociales, donde denuncia violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
– Reconozca que son falsas las acusaciones vinculadas a prácticas criminales y hechos que -según la presentación- lesionan el honor y la reputación del jefe de Estado.
– Difunda la rectificación en los mismos medios en los que fueron emitidas las declaraciones cuestionadas.
– Abone una indemnización de 1.000.000 de euros por presunto daño reputacional.
– Pague las costas del procedimiento, estimadas en 5.000 euros.
El escrito sostiene que, de no alcanzarse acuerdo en el acto de conciliación, se avanzará con una querella criminal por delitos de calumnias e injurias con publicidad, previstos en los artículos 205 y siguientes del Código Penal español.
Una disputa que busca silenciar la causa annobonesa
La acción iniciada en España fue leída como un intento directo de silenciar la causa del pueblo annobonés, la crisis humanitaria en la isla y la lucha iniciada tras la proclamación de la independencia en 2022.
La iniciativa judicial promovida por Obiang no sería, de este modo, una simple controversia por el presunto honor personal, sino una estrategia para deslegitimar internacionalmente el reclamo de Ambô Legadu y desplazar el foco del debate: de las denuncias por violaciones sistemáticas de derechos humanos, confirmadas por la propia Organización de las Naciones Unidas, hacia una discusión penal sobre declaraciones públicas.
En este contexto, la conciliación en España aparece como una herramienta de presión frente a una ofensiva jurídica mucho más profunda impulsada por Annobón en el plano internacional.
El trasfondo, la denuncia por lesa humanidad en Argentina
En agosto de 2025, en el marco de su segunda gira internacional a la República Argentina, Orlando Cartagena Lagar presentó ante la Justicia Federal una denuncia por crímenes de lesa humanidad contra la cúpula del régimen de Guinea Ecuatorial, invocando el principio de jurisdicción universal, en representación del pueblo de Annobón.
La presentación sostiene la existencia de un patrón sistemático de persecución contra el pueblo annobonés desde 1968, incluyendo discriminación étnica, militarización, detenciones arbitrarias y torturas. Entre los hechos denunciados figura la detención de 37 ciudadanos annoboneses en julio de 2024, tras una protesta pacífica contra actividades de la empresa SOMAGEC.
Desde la perspectiva annobonesa, mientras en Argentina se busca investigar graves violaciones a los derechos humanos, en España se intenta judicializar al portavoz de esas denuncias. No se trata de una coincidencia, sino de un intento de debilitar la causa de autodeterminación de Annobón y frenar su creciente visibilidad internacional.
