Lejos de tratarse de una medida aislada, la salida del proveedor expuso una trama de irregularidades que venía gestándose en distintos municipios y que, según reveló el portal La Política Online, tiene uno de sus casos más sensibles en ese distrito del conurbano.
Allí, el sistema de fotomultas operaba bajo un esquema que incluía a la Universidad de San Isidro como soporte técnico, con participación en la recaudación. Este modelo —basado en la articulación entre municipios, universidades e intermediarios privados— permitió durante años canalizar fondos por fuera de los mecanismos tradicionales de control.
En ese contexto aparecen las inconsistencias más graves. Los formularios bajo análisis muestran que el firmante del Formulario 02 es el intendente de Pilar, Federico Achával. En esos documentos se detectó la repetición de un mismo CBU asociado a distintos beneficiarios, una irregularidad considerada crítica dentro del circuito administrativo.
Las irregularidades detectadas encendieron alarmas dentro del Ministerio de Transporte bonaerense, a cargo de Martín Marinucci, donde no descartan avanzar con una denuncia penal contra los involucrados en caso de que la Justicia no actúe de oficio.
La caída de CECAITRA se explica en ese marco. No es solo la baja de un proveedor, sino la consecuencia de un sistema que empieza a ser revisado. Sin embargo, el caso deja al descubierto una contradicción central.
El mismo esquema operativo que se le cuestiona a CECAITRA —basado en la intermediación de universidades y el uso de formularios sensibles con inconsistencias— también aparece replicado en otras estructuras vinculadas al empresario Leandro Camani. Tal como surge del análisis de distintos Formularios 02 asociados a fundaciones universitarias, el mecanismo se repite con lógica similar.
La diferencia es que, mientras la Provincia avanza sobre un proveedor, la empresa Secutrans —vinculada a ese entramado— continúa operando sin restricciones. El resultado es un sistema con doble vara, donde algunos actores son desplazados y otros mantienen privilegios dentro del mismo modelo bajo sospecha.
En ese escenario, el impacto político no es uniforme. Achával queda particularmente expuesto: su firma en documentación sensible, el funcionamiento del sistema en su distrito y la aparición de inconsistencias administrativas lo ubican en el centro del problema. El costo político ya empieza a sentirse en su proyección, con cuestionamientos que crecen dentro y fuera del oficialismo.
En paralelo, el empresario Leandro Camani gana protagonismo. Con un rol activo en denuncias contra competidores, ex funcionarios y estructuras del sistema, su figura se fortalece en medio de la disputa, incluso cuando el modelo operativo que se le cuestiona a otros actores también aparece en su esfera de influencia.
El conflicto entre ambos sectores no es nuevo, pero ahora queda expuesto con mayor claridad. En el mismo expediente en el que se investigan las irregularidades, CECAITRA había denunciado a Camani por presuntos vínculos con una banda narco rosarina, lo que suma tensión y complejidad a la trama.
Cabe recordar que la propia CECAITRA fue allanada el año pasado por el fiscal platense Álvaro Garganta, a quien Camani suele recurrir para radicar denuncias, en el marco de una investigación por supuestas ventajas administrativas durante la gestión del ex ministro de Transporte, Jorge D’Onofrio.
A su vez, se esperan definiciones sobre otras firmas del sector, como TNG Group S.A., que también se encuentra bajo investigación judicial y análisis dentro del Registro de Proveedores provincial.
