El llamado “Caso Chocolate”, una de las causas judiciales por presunta corrupción más resonantes de la política bonaerense, atraviesa una nueva etapa procesal. Si bien todavía no hay definiciones sobre eventuales juicios abreviados ni una fecha concreta para el inicio del debate oral, ya se sumó al expediente el peritaje contable que permitirá dimensionar el alcance del perjuicio causado a las arcas provinciales.
Fuentes judiciales confiaron que, tras meses de espera, el informe técnico solicitado en la causa fue entregado en las últimas horas.
Se trata de un estudio minucioso cuyo propósito principal era establecer con precisión el grado de responsabilidad que le cabría a cada uno de los empleados de la Legislatura implicados, y determinar el monto del perjuicio ocasionado al Estado.
La fiscal Viviana Arturi, a cargo de la instancia de juicio, citó ahora a los peritos que elaboraron el informe para solicitarles precisiones y aclaraciones sobre sus conclusiones.
Esta instancia no significa que la pericia haya sido rechazada ni que deba repetirse, sino que forma parte del proceso de análisis de una prueba clave para la investigación.
De este modo, el expediente se encuentra en el tramo final de la etapa probatoria, mientras las partes terminan de definir sus estrategias de cara a los próximos pasos.
En paralelo, sigue sin resolverse la situación de los llamados “49 tarjeteros”, quienes —según se habría demostrado— no cumplían funciones reales: solo recibían beneficios en concepto de aportes y jubilación, mientras que sus salarios habrían sido derivados hacia un circuito ilegal.
La posibilidad de cerrar acuerdos con algunos imputados había surgido como una alternativa para evitar el debate oral en ciertos casos, pero ese camino quedó en suspenso después de que uno de los empleados que negociaba con la fiscalía diera marcha atrás ante la perspectiva de una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Ese antecedente enfrió las expectativas de lograr una salida consensuada para el resto de los acusados. Las defensas evalúan ahora otras opciones procesales, como la suspensión del juicio a prueba o la reparación integral del daño, mientras que la fiscalía insiste en su rechazo a que la causa se resuelva mediante un acuerdo económico.
LA PERICIA, UNA PRUEBA CLAVE
El informe contable buscó precisar los movimientos de dinero atribuidos a los distintos implicados a partir del uso de tarjetas bancarias a su nombre, y establecer responsabilidades individuales dentro de la estructura investigada.
Según la acusación, existió un mecanismo sistemático de extracción de dinero mediante tarjetas de débito de empleados de la Legislatura bonaerense. La investigación detectó extracciones reiteradas de sueldos, muchas de ellas realizadas de madrugada o fuera del horario comercial.
El monto bajo investigación entre enero de 2022 y septiembre de 2023 había sido estimado en unos $395,4 millones, cifra que deberá revisarse en función de las actualizaciones y de los períodos que eventualmente se incorporen al expediente.
La entrega del informe contable constituye, entonces, un paso relevante dentro de la etapa probatoria, aunque todavía no hay certezas sobre cómo seguirá el proceso.
Entre los principales acusados figuran Claudio Albini, el propio Julio “Chocolate” Rigau y Facundo Albini, para quienes la fiscalía ya adelantó las penas que pedirá en caso de llegar a juicio: 6 años y 4 meses para Claudio Albini, 5 años y 6 meses para Rigau, y 4 años y 3 meses para Facundo Albini.
Facundo Albini fue concejal, mientras que su padre Claudio se desempeñó como subdirector de personal de la Legislatura bonaerense. Se presume que “Chocolate” respondía directamente a ellos.
De todos modos, la situación procesal aún podría variar según las alternativas que definan las defensas y las decisiones que tome el tribunal.
Así, lejos de una resolución inmediata, el Caso Chocolate continúa en su etapa probatoria, ahora con la pericia contable sumada al expediente y bajo análisis de la fiscalía. El próximo paso dependerá de las aclaraciones que brinden los peritos y de las decisiones que, a partir de esa prueba, adopten las partes y el tribunal.
