La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires respondió a la denuncia por encubrimiento que el juez de Garantías Guillermo Atencio presentó en el marco del caso Chocolate. A través de un comunicado, las autoridades del cuerpo y la mayoría de los jefes de bloque afirmaron que la Legislatura se ajustó a las normas, que colaboró con la Justicia y que el archivo de los expedientes se resolvió antes de que llegara el requerimiento judicial que se cuestiona.
La defensa se apoya, sobre todo, en una cronología. Según Diputados, el mecanismo de archivo está previsto en el reglamento de la Cámara desde 2002 y fue aprobado el 28 de mayo de 2026 con más de dos tercios de los votos, mientras que el pedido de información de la Justicia recién ingresó el 19 de agosto. A partir de esas fechas, el cuerpo concluyó que «de ningún modo se incurrió en un ocultamiento de pruebas».
La denuncia de Atencio
El magistrado radicó la denuncia el viernes 25 de septiembre ante la fiscalía de turno del Departamento Judicial de La Plata. La causa recayó en la UFI 11, a cargo del fiscal Álvaro Garganta, y fue encuadrada en el artículo 277, inciso 1°, del Código Penal, que tipifica el delito de encubrimiento.
Atencio justificó la presentación en la obligación que tiene todo funcionario judicial y señaló que, frente a la posible comisión de un delito de acción pública, «me veo en la obligación de hacer esta denuncia».
El objetivo de la Justicia era identificar a los legisladores que firmaron las designaciones de los empleados cuyas tarjetas utilizaba Rigau. Es decir, no se trataba solo de reconstruir el circuito de retiro del dinero, sino de establecer quién incorporó a esas personas a la planta de la Legislatura. Para la Fiscalía, ese era el segundo tramo de la investigación, y es el que hoy quedó trabado.
Una cronología con puntos oscuros
Las fechas que expuso Diputados no coinciden del todo con otros datos que surgen del expediente. De acuerdo con La Nación, la fiscal Betina Lacki había formulado su requerimiento en abril de 2025 y, tras sucesivas demoras, Atencio llegó a dictar una orden de presentación —la instancia previa a un allanamiento— para obtener la documentación.
Ese dato es central para interpretar el comunicado. Diputados alude al requerimiento que ingresó el 19 de agosto, pero la Justicia reclamaba esos papeles desde hacía más de un año. Que el archivo haya sido anterior a un pedido puntual no responde la cuestión de fondo: si la Cámara ya sabía que la Fiscalía buscaba esos expedientes en el momento en que votó archivarlos.
También hay diferencias sobre cómo se votó. La Nación la describió como una votación secreta que buscó pasar inadvertida. Diputados, en cambio, sostuvo que fue pública, en una sesión transmitida en vivo y con registro disponible en la Cámara. Además, se informó que el archivo se aprobó en una sesión en la que se trataron miles de resoluciones administrativas, lo que explica que una decisión de esa magnitud haya pasado sin debate.
Diputados habló de otra causa
El segundo eje del comunicado busca diferenciar las causas. La Cámara sostuvo que las actuaciones mencionadas en el requerimiento judicial no guardaban relación directa con la investigación sobre Rigau, sino con otro expediente, identificado como causa Rodríguez.
Para respaldar esa postura, recordó que en la causa Rigau sí entregó información a la Justicia y que esa investigación fue elevada a juicio, con personas privadas de su libertad. Con esos antecedentes, la conducción del cuerpo negó que haya existido una conducta institucional orientada a frenar la investigación.
Fueros y división de poderes: el escudo político
El comunicado incluye además un argumento jurídico que opera como protección. Diputados objetó que se pretenda responsabilizar penalmente a legisladores por sus votos e invocó el artículo 96 de la Constitución bonaerense, que resguarda las opiniones y los votos de los integrantes de ambas Cámaras en el ejercicio de sus funciones.
El cuerpo añadió que la división de poderes implica controles recíprocos, aunque dentro de los límites que fija la Constitución, y que ningún poder debería valerse de sus atribuciones para condicionar a otro. La respuesta se despliega así en dos niveles: defiende la legalidad del archivo y, al mismo tiempo, advierte que el voto legislativo no puede convertirse en objeto de una causa penal.
Las firmas y las ausencias
El documento reunió a un amplio espectro político. Lo suscribieron el presidente de la Cámara, Alejandro Dichiara; el vicepresidente primero, Alexis Guerrera, y las demás vicepresidencias, junto con los jefes de bloque de UP, LLA, PRO, UCR y otras bancadas, entre ellos Facundo Tignanelli, Juan Esteban Osaba y Alejandro Rabinovich.
Que oficialismo y oposición hayan firmado juntos una defensa institucional frente a un juez es tan significativo como el propio contenido del comunicado. La ausencia de las firmas del bloque Hechos y del Frente de Izquierda deja expuesta una grieta que podría ampliarse si la investigación avanza.
El caso salió a la luz en septiembre de 2023, cuando Rigau fue detenido en un cajero del Banco Provincia del centro de La Plata con 48 tarjetas de débito de empleados legislativos. La hipótesis de la investigación es que cerca de medio centenar de personas figuraban como empleados de la Legislatura, pero entregaban sus tarjetas para que Rigau cobrara los sueldos en los cajeros de 7 y 54.
Atencio calculó que el perjuicio podría rondar los 2.800 millones de pesos. En la causa también están involucrados Claudio Albini, exsubdirector de personal de la Legislatura, y su hijo Facundo, concejal platense, quienes cumplen arresto domiciliario al igual que Rigau. En paralelo, la Justicia avanzó con citaciones en la causa conocida como Chocolate II, que investiga una maniobra similar en el Senado bonaerense.
Lo que viene
Ahora la definición depende del fiscal Garganta, que deberá resolver si impulsa la denuncia y si solicita los registros de la sesión del 28 de mayo. La clave será si la Justicia logra probar que la Cámara conocía el reclamo de Lacki antes de votar el archivo: si eso se confirma, el argumento de las fechas se debilita. Por su parte, la invocación de los fueros anticipa que la Legislatura dará la disputa en el plano constitucional, y que la pregunta sobre quién designó a los empleados del caso Chocolate podría quedar sin respuesta por bastante tiempo.
El original tenía un asterisco suelto después de «Rabinovich». Lo saqué porque parecía un error de tipeo. Si remitía a una aclaración, avisame y la agrego.
